Chihuahua, Chihuahua. – El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha urgido a la implementación de medidas para proteger a las micro y pequeñas empresas (PyMEs) ante el inminente impacto de las cargas fiscales y laborales previstas para el año 2026. Leopoldo Mares Delgado, presidente del CCE, destacó la necesidad de estas acciones para evitar la pérdida de empleos y asegurar la continuidad de estas unidades económicas.
Mares Delgado enfatizó que son cruciales medidas de apoyo como el acceso a financiamiento accesible, programas de capacitación y facilidades para el cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. Subrayó la importancia de salvaguardar a las empresas con plantillas de dos a diez trabajadores, ya que su vulnerabilidad podría traducirse directamente en desempleo.
Si bien el riesgo de pérdida de empleos ha sido una constante, el dirigente empresarial advirtió que la magnitud de los ajustes económicos y normativos para 2026 representa un desafío significativamente mayor para las PyMEs. Asimismo, alertó que la escalada de costos operativos podría generar presiones inflacionarias, afectando el poder adquisitivo de la ciudadanía.
El sector empresarial se mantendrá atento a los indicadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para monitorear las bajas de patrones. En noviembre, el estado de Chihuahua experimentó una disminución de 129 registros patronales ante el IMSS, concentrados principalmente en los sectores de la construcción, servicios y transformación. Con esta cifra, la pérdida acumulada de registros patronales de enero a noviembre de 2025 ascendió a 958.
Detalladamente, en noviembre, 134 bajas correspondieron a micro y pequeñas empresas, contrastando con cinco altas registradas en empresas de tamaño mediano. En el municipio de Chihuahua, se reportó la pérdida de 21 registros patronales en noviembre, situándolo como el segundo municipio con más bajas en el estado, solo por detrás de Juárez (64 bajas) y seguido por Cuauhtémoc (12 bajas).
Previamente, Armando Gutiérrez Cuevas, presidente de Canacintra, señaló que el incremento del 13% al salario mínimo, la inversión requerida para la Ley Silla, la crisis económica general, el impacto de los aranceles y la próxima reducción de la jornada laboral, ejercen una presión considerable sobre los costos de operación de las empresas. Para hacer frente a la fiscalización y cumplir con estos requerimientos, se estima que las PyMEs necesitarán invertir en más infraestructura y personal.