La presencia de organizaciones criminales y presuntos vínculos políticos en Chiapas y Tabasco generan preocupación por la seguridad y la gobernanza en ambas entidades. La detención de Hernán Bermúdez, acusado de liderar la banda delictiva conocida como ‘La Barredora’ en Tabasco, ha destapado un entramado de complicidades que involucran a diversas autoridades y políticos en la región. Bermúdez, quien fue secretario de Seguridad en el estado, fue arrestado en medio de crecientes señalamientos sobre la infiltración de grupos criminales en la política local y regional. Además, se ha reportado que durante la gestión del exgobernador Rutilio Escandón, la organización delictiva operó con presencia significativa en Chiapas, un estado que en los últimos años ha enfrentado una escalada de violencia y crisis humanitaria debido a enfrentamientos entre cárteles como el CJNG y el Cártel de Sinaloa. La inseguridad en Chiapas se agravó tras una serie de desplazamientos forzados y ataques a comunidades indígenas, provocando una migración masiva hacia países vecinos, principalmente Guatemala y EE. UU. El gobierno de Rutilio Escandón, quien llegó al cargo en 2018 con apoyo de la administración federal de AMLO, fue marcado por una creciente percepción de impunidad ante el incremento del crimen organizado. A pesar de ello, en diciembre de 2024 fue nombrado cónsul de México en Miami, una decisión que generó controversia en Chiapas, donde autoridades acusaron que su gestión dejó un estado en medio de una crisis de inseguridad. Las investigaciones y reportes oficiales evidencian que grupos como ‘La Barredora’ aprovecharon la omisión y complicidad de algunas autoridades para fortalecer su presencia en ambas regiones. Movilizaciones de las fuerzas de seguridad, informes del Centro de Inteligencia y declaraciones de exfuncionarios sugieren que estas organizaciones han logrado infiltrar las instituciones públicas, incluyendo la Guardia Nacional y la Fiscalía General. La situación refleja una p
Sábado, 9 de mayo de 2026
