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Chiapas

Vinculan a proceso a ex-empleado por robo de más de 10 mdp a Bansefi

Ex-empleado de Bansefi vinculado a proceso por robo de más de 10 millones, afectando a programas sociales en Chiapas.

Por Redacción2 min de lectura
La detención se da diez años después del atraco en Chiapas que afectó programas sociales.
La detención se da diez años después del atraco en Chiapas que afectó programas sociales.
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Tuxla Gutiérrez, Chiapas. - Un ex-empleado del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, actualmente conocido como Banco del Bienestar, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el robo de más de 10 millones de pesos ocurrido hace diez años.

Datos clave

  • Quién: José “N”, ex-empleado del banco.
  • Qué: Vinculación a proceso por robo agravado.
  • Dónde: Sucursal 0780 en Juárez, Chiapas.
  • Cuándo: Robo ocurrió el 22 de abril de 2016.
  • Monto: Más de 10 millones de pesos.

El atraco se llevó a cabo la noche del 22 de abril de 2016, cuando el imputado, quien trabajaba en la sucursal de Bansefi en Juárez, habría sustraído 10 millones 66 mil 20 pesos, los cuales eran fondos federales destinados a programas sociales como Prospera y Adultos Mayores. Las investigaciones fueron gestionadas por la Fiscalía General de la República, que remitió el caso a la Fiscalía de Distrito Norte, dada la naturaleza de los recursos implicados.

La solicitud de orden de aprehensión fue aceptada por un juez de Control, pero José “N” no se presentó cuando fue requerido. Finalmente, los agentes de la Policía Federal Ministerial, junto con el apoyo de la Guardia Estatal, lograron ubicarlo en Acala, donde se llevó a cabo su detención.

¿Qué implica esta vinculación a proceso?

La vinculación a proceso significa que hay pruebas suficientes para que el ex-empleado enfrente un juicio por robo agravado. Esto no solo busca justicia para el banco afectado, sino que también subraya la importancia de la responsabilidad en la administración de recursos públicos.

¿Cómo afecta a los beneficiarios de programas sociales?

El robo de estos fondos representa un impacto directo en los beneficiarios de los programas como Prospera y Adultos Mayores, quienes dependen de estos recursos para su subsistencia. La resolución del caso es crucial para restaurar la confianza en la administración de los recursos destinados a apoyar a los sectores más vulnerables de la población.

La investigación continuará y se ha establecido un plazo de tres meses para cerrar la etapa complementaria del caso. Este proceso podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción y el mal manejo de recursos en instituciones públicas.

Con información de proceso.com.mx

Nota redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes citadas. Responsabilidad editorial: Redacción de El Congresista. ¿Detectaste un error? Repórtalo.

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