La autoridad estatal sostiene que las fuerzas policiales actúan conforme a derechos humanos, mientras se mantiene el diálogo con los protestantes.
La presencia de policías antimotines en el centro de Xalapa ha generado polémica debido a su participación en el manejo de manifestaciones sociales. La autoridad estatal explica que su presencia busca encauzar las movilizaciones, una estrategia que consideran respaldada por normativas de derechos humanos y que no implica desalojos forzosos ni intimidaciones. Durante las protestas de recientes días, se evidenció que agentes rodearon a los manifestantes con toletes y escudos, sin haber procedido a la forcejeo directo, asegurando que el objetivo es mantener el orden sin violentar la integridad de los participantes.
Este enfoque responde a una política de gestión de conflictos que privilegia la contención mediante diálogo, tras agotar la vía del diálogo previo. En varios episodios, como en las protestas de trabajadores jubilados y extrabajadores del Seguro Social, los protestantes fueron trasladados, pero sin que ello represente un uso de la fuerza desmedido. La coordinación de la policía también contempla que la decisión de intervenir con antimotines en cada caso dependerá de las circunstancias particulares, con el propósito de evitar la escalada de violencia.
Entender la estrategia policial en estas manifestaciones resulta relevante, pues refleja un intento del gobierno por equilibrar la seguridad con los derechos de las protestas sociales. La gestión de reclamos laborales y las exigencias de pagos pendientes, en un contexto donde las partes mantienen litigios activos, mantienen en tensión la relación entre autoridades y grupos sociales, resaltando la complejidad de mantener el orden en ambientes de alta movilización.
Este tipo de intervenciones se inscribe en un marco más amplio de seguridad pública, en el que se busca prevenir enfrentamientos y garantizar la convivencia pacífica en la vía pública. La experiencia reciente en Xalapa destaca la importancia de aplicar estrategias que consideren tanto la protección de derechos fundamentales como la preservación del orden público.