El proyecto, de gran magnitud en México, enfrenta críticas por impactos ambientales y sociales que continúan generando debate en la región del sureste.
El 2023 marca el segundo aniversario de la inauguración del Tren Maya, una de las obras de infraestructura más ambiciosas del gobierno mexicano para impulsar el desarrollo en el sureste del país. A pesar de sus promesas de modernización y crecimiento turístico, recientes informes y observaciones sociales señalan que los efectos del proyecto son duraderos y, en muchos aspectos, irreversibles.
El tren recorre más de 1,500 kilómetros a través de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con el objetivo oficial de diversificar el turismo y fortalecer la conectividad regional. Sin embargo, organizaciones civiles, colectivos ambientales y expertos advierten que el proceso de construcción y operación ha provocado severos daños ecológicos, incluyendo la pérdida de millones de árboles, la perforación de acuíferos y la destrucción de cuevas ancestrales, afectando ecosistemas únicos. Estas acciones, que han sido realizadas sin estricto respeto a las regulaciones ambientales, comprometen la biodiversidad y el equilibrio natural del corredor sur-sureste.
En el ámbito social, la militarización de comunidades rurales y la imposición de proyectos inmobiliarios han generado conflictos y divisiones internas. La expansión del tren y proyectos asociados ha impulsado también un aumento en actividades turísticas y comerciales, pero sin una planificación integral que beneficie equitativamente a las comunidades locales, lo que aumenta las tensiones sociales. Durante los primeros años, el flujo de pasajeros ha sido menor al esperado, lo que refleja que la rentabilidad del proyecto aún está en discusión, especialmente considerando los altos costos y los impactos ambientales que no han sido completamente mitigados.
Este contexto se inscribe en un escenario más amplio de transformación territorial y desarrollo económico en México, donde la prioridad por crecer no ha ido acompañada de salvaguardas suficientes para el medio ambiente ni para las comunidades originarias, haciendo que el debate sobre el equilibrio entre progreso y conservación permanezca abierto.
Por ahora, la continuidad del proyecto y su potencial para cumplir con las promesas iniciales dependen de una evaluación transparente y de la implementación de medidas que mitiguen los efectos nocivos, en un momento en que el país enfrenta desafíos tanto económicos como ecológicos.