La captura de un supuesto integrante del crimen organizado en Chiapas reaviva el caso del rancho Izaguirre, vinculado a reclutamiento y entrenamiento forzado.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas informó que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) lograron la detención de un hombre apodado “El Coreano”, en cumplimiento de una orden judicial relacionada con delitos de desaparición forzada por particulares y actividades delictivas vinculadas a la delincuencia organizada. La operación ocurrió en un operativo en la región, donde se aseguró la captura y el traslado del detenido al Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco.
En las investigaciones previas, las autoridades apuntan a que “El Coreano” formaba parte de un grupo presuntamente dedicado a reclutar y entrenar de manera forzada a personas en un predio conocido como La Galera. En ese lugar, se habrían adiestrado víctimas para su incorporación a actividades ilícitas, bajo las órdenes de un líder regional identificado como José Gregorio Lastra Armida. La relevancia del caso radica en su posible vínculo con hechos graves de violencia y reclutamiento forzado en diferentes regiones del país.
Este operativo trae a la memoria el reciente caso del rancho Izaguirre, situado en Jalisco, un lugar señalado por colectivos de buscadores como posible centro de reclutamiento y entrenamiento de sicarios. Aunque en la inspección realizada en marzo pasado no se encontraron restos humanos ni evidencia de un crematorio, fueron hallados objetos personales y vestimenta, lo que alimenta las sospechas sobre la utilización del sitio con fines criminales. La investigación sobre el rancho fue retomada por la Fiscalía General de la República tras una revisión inicial de la Fiscalía de Jalisco.
Desde su apertura a medios y buscadores, el rancho Izaguirre continúa siendo objeto de análisis y debate público, en busca de esclarecer su papel en la dinámica del crimen organizado en la región oeste del país. La reciente detención en Chiapas y la conexión con estos hechos reafirman la presencia y la operación de grupos delictivos en diversas partes del territorio mexicano, generando alarma social y requiriendo acciones coordinadas para frenar su actividad ilícita.