Ciudad de México. – El Senado de la República ha emitido un posicionamiento en el que cuestiona su capacidad para citar a gobernadores o fiscales estatales en relación con operativos de seguridad dirigidos por fuerzas federales. Este análisis resalta la naturaleza constitucional del control político en el país.
El documento establece que, dado que los operativos son coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional, la responsabilidad recae en las autoridades federales. La citación de gobernadores o fiscales sería improcedente, dado que la información debería solitarse a niveles más altos de gobierno, como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República.
Según el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado solo tiene facultades para citar a funcionarios federales. En consecuencia, las acciones relacionadas con seguridad nacional y narcotráfico son de competencia federal, limitando así el control político que puede ejercer el Senado sobre los gobiernos estatales.
La carta constitucional establece que la actuación de la Guardia Nacional y el Ejército se enmarca bajo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y que cualquier acción derivada de estos operativos debe considerarse como jurisdicción federal. Por ello, preguntar a funcionarios estatales por estas acciones vulnera el pacto federal y la soberanía local.
Citas a gobernadores o fiscales en este contexto no solo son inapropiadas, sino que también socavan el principio de respeto a las competencias diferenciadas de la Federación y los Estados. Se debe mantener el equilibrio en el pacto federal y garantizar que la responsabilidad en operativos de seguridad quede estrictamente en las manos de las autoridades federales.