La Suprema Corte revisa la constitucionalidad de un impuesto que amenaza la innovación y el ingreso de miles de trabajadores en el sector.
La Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México ha sometido a revisión la constitucionalidad de un impuesto del 2% incluido en el Código Fiscal local, dirigido a plataformas de repartidores y servicios de entrega. La medida, considerada discriminatoria por algunas empresas del sector, podría afectar de manera significativa a las comunidades de repartidores, pequeños y medianos negocios, así como a los usuarios de estos servicios. La demanda surgió en respuesta a cambios recientes que incrementaron los costos operativos y potencian una carga fiscal adicional, lo que podría reducir las oportunidades de empleo y frenar la innovación en la economía digital. Ante esto, organizaciones como Repartidores Unidos de México han solicitado a la Corte que detenga el impuesto y enfoquen sus esfuerzos en mejorar la seguridad vial y las condiciones laborales, en lugar de aumentar las cargas fiscales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha promovido programas pilotos de seguridad social para estos trabajadores, aunque recientes modificaciones han incrementado los costos para las plataformas, generando incertidumbre en los repartidores sobre el impacto de las nuevas medidas. La decisión del máximo tribunal será clave para definir el futuro de la economía digital y el trabajo en plataformas en el país.