Nueva normativa busca mejorar la seguridad en el traslado de gas tras explosión que dejó 31 muertos, ante discrepancias sobre causas del accidente.
Tras la trágica explosión de una pipa de gas en la Ciudad de México, que cobró la vida de 31 personas, las autoridades y el sector privado han iniciado acciones para mejorar la seguridad en el transporte y distribución de gas licuado de petróleo (LP). Aunque algunos empresarios insisten en que el accidente pudo deberse a un desperfecto vial, el Gobierno capitalino atribuye la tragedia a una velocidad excesiva por parte del operador.
En respuesta a este incidente, la Secretaría de Energía anunció un paquete de medidas que incluye verificaciones más estrictas, requisitos de competencia técnica para los conductores y la instalación de sistemas de control de velocidad y GPS en todas las pipas. La intención es reducir riesgos y asegurar que las unidades cumplan con los estándares de seguridad necesarios para operar en condiciones óptimas.
Por su parte, la administración en la Ciudad de México también implementó nuevas restricciones, como prohibir la circulación de unidades con más de 10,000 litros en vías secundarias y limitar los horarios para transportes de mayor capacidad, que solo podrán transitar en horas nocturnas. Estas acciones buscan prevenir accidentes similares y reforzar la protección tanto de los operadores como de la comunidad.
Analistas señalan que estas medidas responden a la necesidad de una regulación más rigurosa en un sector vital pero con antecedentes de irregularidades. La coordinación entre las autoridades federales y locales es clave para establecer controles efectivos que garanticen la seguridad en el transporte de combustible.