Autoridades desmantelaron una red criminal que operaba en varias alcaldías de la Ciudad de México, con actividades de huachicol, tráfico de armas y lavado de dinero, vinculada a un empresario propietario de Miss Universo.
En un operativo reciente, las autoridades mexicanas desmantelaron una vasta estructura delictiva en la Ciudad de México vinculada al empresario Raúl Rocha Cantú, conocido por haber adquirido la franquicia Miss Universo en 2024. La red operaba principalmente en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, y su actividad abarcaba el robo y la importación ilícita de combustible, el tráfico de armas, el despojo y regularización de inmuebles, además de actividades de lavado de dinero y venta de narcóticos.
Este grupo criminal contaba con una compleja red de casas de seguridad, oficinas administrativas y bodegas distribuidas en puntos estratégicos de la capital. Destacan operativos en inmuebles en San Felipe de Jesús y San Miguel Chapultepec, donde se encontraron armas y documentación que evidencian la magnitud de su operación. Además, se señala la existencia de vínculos con funcionarios públicos, incluidos notarios y personal del Registro Público de la Propiedad, que facilitaban sus actividades ilícitas mediante la obtención y registro irregular de escrituras y bienes.
El caso destacó también por la participación de exagentes federales y empresas de seguridad privada, usadas para remarcaje de armas y lavado de dinero. La intervención también reveló filtraciones de información reservada por parte de miembros de la Fiscalía General de la República, que supuestamente permitían evitar cateos y seguir operando impunemente. La investigación revela que estas actividades ilícitas no solo impactan la seguridad nacional, sino también la economía legal, al involucrar recursos provenientes del narcotráfico y el robo de hidrocarburos, además de vincularse con organizaciones criminales de Centroamérica, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El caso se inscribe en un contexto de creciente preocupación por las operaciones del crimen organizado en la capital y su posibilidad de infiltrarse en instituciones públicas y privadas, lo que pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y persecución de delitos complejos en el país.