La policía desmantela una estructura vinculada a tráfico de armas, lavado de dinero y despojo en varias alcaldías capitalinas, con conexiones a actores de alto nivel.
Una red criminal dedicada al tráfico de hidrocarburos ilícitos, armas y lavado de dinero fue desarticulada tras una operación que reveló su fuerte presencia en diversas colonias de la Ciudad de México. La estructura, vinculada presuntamente a Raúl Rocha Cantú, empresario y propietario de la franquicia Miss Universo, operaba desde inmuebles en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.
El esquema involucraba compañías de seguridad privada, notarios y funcionarios del Registro Público de la Propiedad, facilitando la invasión, regularización y venta ilegal de inmuebles. Además, la red mantenía un centro de operaciones en San Felipe de Jesús, donde almacenaban armas largas y equipamiento táctico, y otro en la colonia San Miguel Chapultepec, que servía como oficina administrativa y punto de coordinación para actividades ilícitas.
El grupo, conformado por al menos 14 personas, era dirigido por Jacobo Reyes León y Jorge Alberts Ponce, quienes coordinaban desde el control del tráfico de armas hasta la venta de combustible robado, importado principalmente desde Guatemala y Estados Unidos, que abastecía estaciones de servicio en Querétaro. Asimismo, se reporta que algunos integrantes tenían acceso a información reservada, utilizada para evitar arrestos y confundir investigaciones.
Contextualmente, la reciente investigación evidencia cómo el esquema criminal no solo involucra delitos locales, sino también vínculos con actores internacionales y actores políticos. Raúl Rocha Cantú, que en 2024 adquirió la franquicia Miss Universo y participó en el certamen en la Ciudad de México, fue, además, contratista de Petróleos Mexicanos, alimentando una compleja red de actividades ilícitas que abarca desde la importación de combustible hasta la venta de armas en México y Centroamérica.
La operación policial refleja la gravedad del problema respecto a la seguridad, el control territorial y la corrupción que facilitan estas actividades ilegales en la capital del país, destacando la necesidad de frenar la influencia de dichos grupos en la estructura social y económica de la región.