La estructura delictiva operaba desde diversas alcaldías en la Ciudad de México, con conexiones a funcionarios, empresas y notarios, y había sido investigada por la FGR por actividades ilícitas en el mercado de hidrocarburos y armas.
Una compleja red delictiva que operaba en distintos puntos de la Ciudad de México fue desmantelada tras una serie de operaciónes federales, revelando vínculos con el tráfico ilegal de hidrocarburos, armas y actividades de lavado de dinero. La organización mantenía sus bases en alcaldías clave como Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, donde utilizaban propiedades, oficinas y bodegas para sus actividades ilícitas. La investigación revela que contaban con el apoyo de empresas de seguridad privada, notarios públicos y personal del Registro Público de la Propiedad, lo que facilitaba la invasión y regularización de inmuebles robados o adquiridos ilícitamente.
Este grupo, integrado por al menos 14 personas, encabezadas por figuras como Jacobo Reyes León y Jorge Alberts Ponce, controlaba también el mercado de armas y la venta de narcóticos, además de gestionar el traslado y comercialización de hidrocarburos ilegales provenientes de Guatemala y Estados Unidos. La participación de Raúl Rocha Cantú, empresario y propietario de la franquicia Miss Universo, fue clave en la movilización de recursos financieros para estas operaciones ilícitas, específicamente en la importación y distribución de combustible ilegal en el país, y en la compra de armas desde Centroamérica, consideradas de alta peligrosidad.
Los operativos también revelaron puntos estratégicos en la ciudad, como una bodega en San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde almacenaban armamento, y una oficina en San Miguel Chapultepec, que funcionaba como central administrativa y de registros. La investigación también señala que la red utilizaba conexiones internas en las instituciones públicas, incluyendo filtraciones de información reservada por parte de miembros con acceso en la Fiscalía General de la República, lo que complicaba las pesquisas y favorecía sus actividades.
El avance en la investigación se da en un contexto de creciente preocupación por la presencia de organizaciones delictivas que operan en múltiples frentes, apoyadas por complicidades institucionales. La evidencia muestra cómo estas redes utilizan mecanismos como la invasión de inmuebles y la falsificación de documentos para ampliar su control territorial, además de vulnerar la seguridad pública mediante el uso de armas y narcóticos, incrementando la inestabilidad en la capital del país. La desarticulación puede marcar un punto de inflexión para fortalecer los controles contra estos grupos que afectan la seguridad y economía nacionales.