La Fiscalía y organismos de derechos reportan avances en atención a denuncias y los desafíos en garantizar la protección durante movilizaciones y desalojos.
En el periodo de enero a noviembre de 2025, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) recibió más de 7,3 mil quejas relacionadas con posibles violaciones a derechos fundamentales, ubicando estos casos en un contexto de incremento de la vigilancia institucional. Entre estos hechos, las movilizaciones sociales, como la marchada del 15 de noviembre en la capital, han evidenciado la complejidad del entorno, donde 11 denuncias se relacionaron con detenciones y posteriores vulneraciones.
Las autoridades han desplegado esfuerzos para proteger la integridad de los manifestantes, incluso sin requerimientos formales, asignando visitadores para observar, documentar y acompañar a las personas afectadas, a fin de garantizar derechos como el acceso a defensa y atención médica. Aunque la investigación continúa, la comisión enfatiza su compromiso en documentar abusos y promover justicia a través de recomendaciones estructurales y mecanismos de reparación.
Uno de los temas recurrentes en el informe es la problemática de las desapariciones forzadas, con 19 quejas atendidas principalmente contra instituciones como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. La falta de coordinación y los retrasos en las alertas de búsqueda complican aún más la atención y localización de personas desaparecidas, lo que ha motivado apoyo especializado, como la colaboración con el equipo argentino de antropología forense.
En materia de desalojos, la Comisión ha detectado procedimientos poco claros y prácticas abusivas especialmente cuando se ejecutan con poca notificación o en condiciones vulnerables. La presencia de operadores privados en estos procesos añade obstáculos para la supervisión institucional. La labor de la CDHCM en estos casos se centra en verificar la legalidad de los desalojos y en documentar posibles violaciones para iniciar las acciones correspondientes.
Este incremento en las quejas evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y respeto a los derechos humanos en la capital, ante una dinámica social y administrativa que requiere mayor atención y ajuste para garantizar derechos fundamentales.