La Ciudad de México implementa medidas reforzadas sin participación previa de organizaciones civiles, en un esfuerzo por ampliar la protección a las mujeres.
En un contexto donde los feminicidios han mostrado una tendencia a la baja en la Ciudad de México, la administración capitalina presentó un conjunto de quince acciones para fortalecer la lucha contra la violencia de género y prevenir delitos relacionados. Estas medidas incluyen la creación de juzgados especializados, la regulación de alojamientos turísticos para evitar delitos sexuales y nuevas estrategias de investigación para casos de violación y violencia familiar. Además, se anunció la implementación de programas para atención de infancias en situación de orfandad y la creación de centros especializados en salud mental para víctimas de violencia.
Aunque estas acciones representan un avance en la agenda contra la violencia hacia las mujeres, se ha evidenciado que no fueron diseñadas en coordinación con organizaciones de la sociedad civil que participan en el seguimiento de la alerta de género en la ciudad. Diversos colectivos han manifestado su preocupación por la falta de diálogo previo, lo que limita la construcción de políticas públicas integrales y participativas. Desde el inicio de la alerta en 2018, se han establecido iniciativas como unidades especiales de atención, líneas de apoyo y programas de evaluación de riesgo que buscan reducir la incidencia de feminicidios y violencia sexual, valores en los que la capital ha centrado sus esfuerzos en los últimos años.
Este escenario refleja la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos entre el gobierno y las organizaciones sociales para garantizar que las políticas públicas aborden de manera efectiva los desafíos en la protección de los derechos de las mujeres.