Durante su informe final, la titular del Tribunal de Justicia Administrativa anunció reformas clave para modernizar procesos y fortalecer la lucha contra la corrupción.
La magistrada Estela Fuentes Jiménez concluyó su gestión como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, presentando su último informe de actividades en el Museo de la Ciudad. En esta ocasión, resaltó los logros alcanzados en dos años, los cuales incluyen una modernización integral del sistema judicial y un combate más efectivo a los casos de corrupción. La administración se apoyó en una estrategia que integró perspectiva de género y transformación digital, facilitando procesos y agilizando la atención a la ciudadanía.
El fortalecimiento institucional del TJA se basó en un plan estratégico 2023-2025, con énfasis en responder a las necesidades sociales y consolidar una justicia más eficiente. El tribunal también reforzó su estructura jurídica y operativa para asegurar la aplicación de todos los recursos disponibles en la lucha contra conductas corruptas, especialmente en la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas. Aunque no se precisaron casos específicos, se remarcó el compromiso de emplear la capacidad técnica y legal para garantizar justicia expedita.
El impacto de estas acciones ha sido evidente en la atención a más de 150 mil personas, además de la modernización en los mecanismos de atención y acceso a servicios judiciales y administrativos. La experiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación adquirida por Fuentes Jiménez durante su participación en procesos judiciales también le brindó un panorama amplio para potenciar estos avances. La participación en eventos con altos funcionarios, como la ministra Yasmín Esquivel y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, destacó la trascendencia de estos cambios en el ámbito judicial local.
Este tipo de reformas refleja la importancia de fortalecer las instituciones judiciales para garantizar el Estado de Derecho en una metrópoli como la Ciudad de México, donde la eficiencia y transparencia en la justicia son fundamentales para la convivencia social y el desarrollo democrático.
Además, las recientes mejoras en los sistemas judiciales y administrativos subrayan el compromiso de las autoridades con una justicia más accesible y transparente, lo cual es crucial en un contexto donde la demanda social de mayor eficacia en el combate a la corrupción crece continuamente.