Ciudad de México. – Legisladores del PRI y del PAN impulsan la creación de políticas para evitar que políticos ligados al crimen organizado ocupen cargos públicos. Esta propuesta surge en medio de la próxima reforma electoral y tras la reciente detención de varios presidentes municipales implicados en actividades delictivas.
El diputado priista Emilio Suárez Licona destacó la necesidad de fortalecer la fiscalización del financiamiento de campañas políticas, especialmente ante la inminente renovación de gubernaturas y diputaciones. Resaltó que cualquier reducción en las prerrogativas de los partidos podría facilitar la entrada de dinero ilícito en procesos electorales.
Suárez Licona advirtió que acoger fondos provenientes de actividades delictivas podría obligar a los políticos a actuar en beneficio del crimen organizado una vez en el poder. Argumentó que la reforma electoral, en lugar de mejorar la situación, abriría la puerta a más corrupción.
Por su parte, diputados del PAN proponen que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se disuelva si se comprueban lazos entre algún gobierno y el crimen organizado. Ante la renegociación del T-MEC, esta medida busca elevar los estándares de seguridad en la región y frenar los vínculos ilícitos que amenazan la gobernanza en México.
Los legisladores panistas continúan su labor viajando a Washington para exponer la crítica situación de inseguridad en el país. Aseguran que 86% del territorio nacional enfrenta influencia del crimen organizado, lo que afecta la confianza de inversores internacionales y la estabilidad política.