CIUDAD DE MÉXICO. – Familias residentes de la Ciudad de México enfrentan una crisis habitacional y la amenaza de desalojos arbitrarios ante la falta de una legislación clara que proteja sus derechos. Patricia Olivares, junto a su esposo y tres hijos, se encuentra temporalmente alojada en un hotel tras ser expulsada de su departamento en República de Cuba 11, un hogar que ocupaba desde hace una década.
Olivares relata que el desalojo se originó por un litigio relacionado con la propiedad del inmueble, el cual cambió de manos en cuatro ocasiones tras el fallecimiento del dueño original. Los inquilinos pagaron renta a una arrendadora durante 25 años, sin ser notificados sobre el proceso judicial iniciado en 2017 en Tizayuca, Hidalgo, ni tener la oportunidad de ejercer su derecho a la compra.
“Nosotros no queremos una vivienda regalada, queremos simplemente una vivienda digna”, expresó Olivares a Expansión Política durante una protesta. La familia recibe apoyo del gobierno con hospedaje y 4,000 pesos mensuales, pero insiste en la necesidad de una solución habitacional permanente.
Este caso se suma a una preocupante tendencia de desalojos en la capital. Desde 2023, se han reportado al menos 81 desalojos en la Ciudad de México que habrían implicado violaciones a los derechos humanos, según Expansión Política. La problemática ha puesto de relieve la urgencia de reformar la legislación para garantizar la protección de los habitantes frente a la gentrificación y la especulación inmobiliaria, un debate que ha cobrado fuerza en los últimos meses y que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha anunciado buscará abordar con una propuesta de reforma legislativa.