Familias y defensores denuncian detenciones injustificadas y violencia policial durante disturbios en el Zócalo capitalino en 15 de noviembre.
El 15 de noviembre, en la Ciudad de México, una movilización convocada por colectivos autodenominados como parte de la Generación Z terminó en enfrentamientos con la policía capitalina, generando controversia por las detenciones y el uso de la fuerza. La protesta, inicialmente pacífica, se tornó violenta tras el derribo de vallas protectoras en el Palacio Nacional, lo que motivó una intervención policial con gases y golpes dirigidos a manifestantes, periodistas y transeúntes. Durante el operativo, varias personas fueron detenidas, incluyendo jóvenes acusados de diversos delitos, algunos sin participación comprobada en el movimiento.
Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de Brian Olivares Ramírez, acusado de robo y lesiones, a pesar de que familiares aseguran que salió a realizar compras y no participaba en la manifestación. Su madre denuncia que fue detenido únicamente por su apariencia física y que sufrió golpes y heridas durante su captura. Otros casos, como el de Gabriel Pérez Rábago, quien fue golpeado con extintores y presenta heridas en el rostro, también generan preocupación por presuntas irregularidades en el proceso de detención y las condiciones en las que fue retenido. Las familias y abogados han expresado su intención de solicitar revisiones judiciales y presentar quejas ante las autoridades por el trato recibido y las posibles violaciones a derechos humanos.
Es importante contextualizar que las protestas y enfrentamientos del 15 de noviembre reflejan la creciente tensión social en la capital, y resaltan la necesidad de mecanismos efectivos que garanticen la libertad de expresión y el debido proceso. La violencia policial en estos eventos plantea desafíos en la protección de los derechos constitucionales, especialmente frente a un panorama de alta movilización juvenil en cuestiones de justicia y seguridad.