La reforma busca fortalecer el combate a la extracción y manejo irregular de piezas automotrices, ante el crecimiento del mercado negro de metales.
El Congreso del Estado de Baja California ha aprobado de manera unánime una reforma legal que refuerza las penalizaciones por conductas que afectan el medio ambiente, con un foco especial en la manipulación ilegal de componentes automotrices destinados a controlar emisiones. La iniciativa, impulsada por el legislador Juan Manuel Molina García, establece penas que varían de uno a siete años de prisión para quienes retiren, destruyan o alteren dispositivos especializados sin la autorización correspondiente, así como de uno a tres años para quienes recolecten o transporten residuos de estos componentes sin permisos ambientales.
Esta legislación surge en un contexto donde la extracción ilícita de metales valiosos en estas piezas ha incrementado, impulsando un mercado negro que afecta la economía local y contribuye a la contaminación atmosférica. Molina García precisó que estas prácticas, además de reducir la efectividad de los sistemas de control de emisiones, generan impactos negativos sobre la salud pública y el equilibrio ecológico.
Como parte de las modificaciones, se actualizaron los artículos 340 y 341 del Código Penal de Baja California, incluyendo estas conductas en los delitos contra el medio ambiente y fortaleciendo las capacidades jurídicas para su persecución. La medida responde a la necesidad de un mayor control sobre actividades ilícitas que tienen consecuencias ambientales y económicas para el Estado.
Este tipo de acciones legislativas son fundamentales en un escenario donde el incremento en la economía circular y la demanda de metales en el mercado negro complican la lucha contra actividades ilegales, afectando no solo la seguridad ecológica, sino también la salud pública y la estabilidad económica de la región. Regular estas conductas refuerza la protección del entorno y asegura mayor justicia social mediante sanciones más efectivas.