La informalidad, explicó Fritch, tiene graves repercusiones al no generar impuestos como el IVA o el ISR, mantener a los trabajadores por debajo del salario mínimo y negarles acceso a prestaciones esenciales como el IMSS e Infonavit. La pérdida mensual de entre 800 y 900 empresas en Baja California durante los últimos cuatro años subraya la urgencia de este problema.
El proceso para establecer una empresa formal, que incluye planeación, capitalización, integración de equipos, trámites notariales, registro ante Hacienda y alta en el Seguro Social, se agrava por los permisos municipales y la burocracia. A pesar de los avances en digitalización, los tiempos de espera siguen siendo prolongados, lo que refuerza la demanda histórica del sector empresarial por una simplificación administrativa a nivel estatal.
Adicionalmente, el panorama se complica por factores como el bajo crecimiento económico, el aumento de cargas fiscales y laborales, y la falta de estímulos. El CCE de Tijuana enfatiza que sin políticas públicas coordinadas entre el Estado y la Federación, será difícil revertir la salida de empresas, disminuir la informalidad y garantizar oportunidades laborales dignas para las nuevas generaciones.