Las irregularidades en los cobros de Fisamex impactan profundamente las finanzas del estado y generan controversia legal.
La investigación sobre 13 servidores públicos en Baja California revela un escándalo en torno a la empresa Fisamex, que realizó cobros irregulares por el servicio de agua. Durante la administración del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, se otorgaron contratos que comprometieron gravemente las finanzas estatales, resultando en la necesidad de devolver millones.
El diputado Juan Diego Echevarría Ibarra ha denunciado las implicaciones legales y económicas de estos contratos, destacando la falta de previsión de sus consecuencias. Mientras tanto, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno continúa con las pesquisas contra exfuncionarios que buscan protegerse mediante amparos.