Tijuana, Baja California. – A partir del 1 de enero de 2026, el gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pondrá fin al programa de regularización de vehículos usados importados de manera irregular desde Estados Unidos y Canadá. La decisión, formalizada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), responde a las solicitudes de la industria automotriz, que argumentaba competencia desleal.
Este decreto abroga el acuerdo que permitía la importación definitiva de vehículos usados y revierte la extensión del programa, que había sido ampliado hasta diciembre de 2026. La iniciativa, que comenzó en 2022 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha sido criticada por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) por generar corrupción y ser utilizada para el contrabando.
Desde su implementación, más de 2.5 millones de vehículos han sido regularizados, beneficiando a estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Tlaxcala e Hidalgo.
Los llamados “autos chocolate” son vehículos usados de procedencia extranjera que ingresaron al país sin cumplir con los requisitos legales de importación. El programa de regularización permitía obtener documentos y placas mediante un pago reducido, una práctica cuestionada por la industria formal.
La cancelación del programa ha generado descontento entre importadores de vehículos usados, quienes se beneficiaban de incentivos como placas gratuitas y bajos costos de importación. Con la nueva disposición, estos beneficios desaparecen, alterando las condiciones de comercialización de estos vehículos en México.
A partir de 2026, la importación de autos usados deberá alinearse estrictamente a las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las cuales especifican límites de antigüedad y condiciones físico-mecánicas para su circulación legal en el país. El presidente de la AMDA, Guillermo Rosales Zárate, ha señalado la falta de justificación para mantener la regularización bajo el esquema anterior, argumentando que perjudicaba al mercado formal y a la industria automotriz nacional.
Con esta medida, el Gobierno federal busca establecer un mercado automotor más ordenado, fortalecer la industria establecida y cerrar el acceso a un mecanismo que, durante casi cuatro años, modificó la dinámica de importación de autos usados en México.