La Fiscalía General del Estado reporta 605 investigaciones en lo que va de 2025, involucrando a personal policial en faltas administrativas y delitos penales.
En Baja California, la Fiscalía General del Estado ha abierto 605 averiguaciones durante el primer semestre de 2025, de las cuales 218 corresponden a agentes de la Agencia Estatal de Investigación y del Ministerio Público. La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, informó sobre estos avances durante su comparecencia ante el Congreso local, resaltando que la mayoría de las investigaciones explican faltas administrativas.
No obstante, la autoridad también confirmó la existencia de casos de carácter penal, aunque en menor medida. La fiscal subrayó el compromiso institucional con la depuración interna, enfatizando que se continúa trabajando en la revisión y sanción de conductas inadecuadas, con una atención particular en la transparencia y la integridad de los servidores públicos.
Además, Andrade Ramírez dio a conocer investigaciones en curso sobre agentes de otras corporaciones. Entre los casos más relevantes se encuentran la detención de 12 policías municipales en Ensenada, acusados de desaparición forzada y homicidio. También, en Tijuana y Mexicali, se han asegurado varios agentes vinculados con delitos de alto impacto y colaboración con grupos criminales, respectivamente.
La fiscal señaló que en estos procedimientos han sido asesinados cuatro agentes implicados en estos casos extremos, reforzando la gravedad de la problemática y la necesidad de una acción firme contra la corrupción y la delincuencia interna. La tendencia evidencia un esfuerzo institucional por restaurar la confianza en las fuerzas de seguridad, en un contexto donde la corrupción y la impunidad afectan directamente la seguridad pública.
Este contexto refleja la creciente preocupación por la integridad de las instituciones policiales y judiciales en Baja California, donde la presencia del crimen organizado ha complicado las labores policiales y judiciales. La depuración de estos elementos busca no solo sancionar conductas ilícitas, sino también blindar las instituciones frente a amenazas externas que minan la justicia y el estado de derecho.