Tijuana, Baja California. – Diversos sectores productivos en Baja California enfrentan una creciente vulnerabilidad ante la extorsión, el cobro de piso y la corrupción, obligando a las empresas a destinar recursos significativos no solo a su seguridad física, sino también al pago de cuotas a la delincuencia organizada y a funcionarios públicos. Esta problemática afecta a cadenas de suministro completas y genera un ambiente de inseguridad para el desarrollo económico.
Las denuncias ciudadanas sobre la implicación de oficiales, agentes, inspectores y funcionarios municipales, estatales y federales en actos ilícitos son cada vez más frecuentes. Estos servidores públicos, en lugar de proteger a los ciudadanos, se sirven de ellos al exigir pagos a cambio de permisos, anuencias o para evitar multas y clausuras por faltas inventadas o exageradas.
El sector pesquero, distribuidores y vendedores de mariscos han sido severamente afectados. Las células criminales imponen la compra a distribuidores específicos y cobran piso por operar en ciertos territorios. Paralelamente, la falta de inspecciones gubernamentales, a menudo por complicidad, permite la operación de empresas, algunas sin registro oficial, que monopolizan negocios.
Los yonkeros, o vendedores de partes de autos usados, han sido víctimas de extorsión, llegando a pagar hasta 650 dólares mensuales por supuesta “protección” a cárteles de la droga. Las autoridades estatales han sido señaladas por no atender las denuncias, argumentando la falta de reportes formales, a pesar de la evidente amenaza criminal.
La Central de Abastos de Tijuana y otros distribuidores en el estado también sufren estas prácticas. Los comerciantes reciben volantes de grupos criminales exigiendo cuotas mensuales por protección, y simultáneamente son visitados por inspectores municipales que solicitan pagos para evitar clausuras.
Locatarios de mercados en diversas delegaciones municipales, desarrolladores y comerciantes establecidos en Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate y Mexicali reportan la exigencia de pagos en dólares para la liberación de permisos, aun cuando cumplen con todos los requisitos legales y han pagado los derechos correspondientes.
Los transportistas también se quejan de la extorsión y el cobro de piso en carreteras y puntos de acceso a la ciudad. Policías e inspectores son señalados de aprovechar su posición para obtener beneficios económicos en lugar de garantizar el orden y la seguridad.
Incluso concesiones para transporte masivo, servicios de plataformas como Uber, vendedores de comida y tiendas dentro de escuelas deben enfrentar la amenaza de la delincuencia y la “mordida” oficial. Recientemente, importadores de pinos navideños han denunciado la extorsión por parte de funcionarios federales que solicitan cuotas para permitir el libre paso de su producto.
La situación de inseguridad se agrava cuando la extorsión oficial se suma a la amenaza del cobro de piso, todo ello ante la presunta inacción o complicidad de las autoridades gubernamentales y fiscalías.