Tijuana, Baja California. – Diversos sectores productivos en Baja California enfrentan una grave vulnerabilidad ante la creciente extorsión, el cobro de piso y la corrupción, obligando a las empresas a destinar recursos significativos para su protección, además de ceder parte de sus ganancias a organizaciones criminales o funcionarios deshonestos.
Las denuncias ciudadanas sobre este ilícito se han multiplicado, involucrando no solo a células delictivas sino también a oficiales, agentes, inspectores y funcionarios de los tres niveles de gobierno. Estos servidores públicos, en lugar de servir a la ciudadanía, se aprovechan de quienes realizan actividades lícitas, solicitan permisos o cumplen con regulaciones.
Sectores como el de pescadores, distribuidores, vendedores y compradores de mariscos, así como los operadores de yonkes y vendedores de partes de autos usados, han sido víctimas directas. Los criminales imponen la compra a ciertos distribuidores, cobran piso por operar en sus territorios y, en muchos casos, los gobiernos actúan con complicidad al no realizar inspecciones adecuadas, permitiendo monopolios incluso de empresas no registradas.
Los comerciantes de autos usados han denunciado el cobro de hasta 650 dólares mensuales por supuesta protección por parte de cárteles, y la falta de respuesta de las autoridades estatales ante las denuncias, argumentando la ausencia de querellas formales, a pesar del acoso criminal.
Además de la delincuencia organizada, los comerciantes enfrentan la extorsión de servidores públicos. Inspectores municipales o estatales exigen entre tres y cuatro mil pesos para evitar la imposición de multas o clausuras por faltas inventadas. Esta práctica se repite en la Central de Abastos de Tijuana y otras distribuidoras del estado.
Tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como las alcaldías están al tanto de estas situaciones, pero la inacción persiste, sea por incapacidad o complicidad, dejando a los comerciantes desprotegidos y forzándolos a destinar recursos para el narco y los funcionarios.
Los locatarios de mercados en diversas delegaciones municipales, así como comerciantes establecidos y desarrolladores, deben pagar miles de dólares para obtener permisos, incluso habiendo cumplido con todos los requisitos legales y pagado los derechos correspondientes.
Los transportistas también sufren extorsión y cobro de piso en carreteras y entradas a ciudades como Tijuana, donde policías e inspectores actúan para obtener beneficios económicos en lugar de garantizar la seguridad.
Incluso concesiones de transporte masivo, operaciones de Uber, vendedores de comida, tiendas escolares y ahora importadores de pinos navideños se ven afectados por la exigencia de cuotas y