La legisladora, encargada de fiscalizar fondos públicos, afirmó que guardaba el dinero en su vehículo, lo que genera dudas sobre incumplimiento de leyes y transparencia.
Una diputada del Congreso de Baja California sorprendió al revelar que utiliza su vehículo como espacio para guardar una cantidad significativa de dinero en efectivo, unos 840 mil pesos (aproximadamente 45 mil dólares). La legisladora, responsable de fiscalizar las finanzas de 121 entidades públicas, explicó que este dinero corresponde a los ahorros de toda su vida y que su destino era la compra de un automóvil nuevo, aunque no especificó en qué país realizaba la adquisición ni la agencia en cuestión. Esta situación levanta cuestionamientos sobre el cumplimiento de los límites legales para transacciones en efectivo, que en México establecen un tope de 363,179 pesos para compras de vehículos. Además, la ley mexicana prohíbe la salida del país de sumas superiores a 30 mil dólares sin declararlas, y transportar recursos de origen ilícito es considerado delito. La confesión ha generado debates sobre posibles infracciones legales, pues la acción podría constituir contrabando o delito fiscal, independientemente de las intenciones. La respuesta de las autoridades mexicanas aún está en la agenda, tras el acuerdo de la bancada morenista en exonerar a la legisladora, argumentando que fue un error humano. La noticia ha reavivado críticas hacia la clase política, que a menudo se muestra alejada de los principios éticos y legales. En un contexto más amplio, este caso refleja la pertinencia de fortalecer los mecanismos de fiscalización y transparencia en una región donde la corrupción sigue siendo un desafío relevante. La lucha contra prácticas ilícitas en la gestión pública se torna fundamental para recuperar la confianza ciudadana y garantizar la legalidad en las operaciones financieras.