Tijuana, Baja California. - La polémica entre el diputado Jaime Cantón Rocha y la Fiscal General María Elena Andrade Ramírez ha subrayado un problema crítico en Baja California: la creciente epidemia de adicciones. Mientras las autoridades investigan al conocido Jesús Osuna Torres, alias “Chikilin”, surge una necesidad urgente de abordar esta crisis de salud pública.
La adicción representa una enfermedad compleja que afecta a individuos y sus familias. Personas que enfrentan este desafío comprenden el sufrimiento que conlleva el consumo de alcohol y otras sustancias. La última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 revela que el uso de drogas en la región Península Norte ha aumentado notablemente, pasando del 12.3% en 2016 al 22.3% en 2025.
Las cifras también indican un notable incremento en el consumo de alcohol, que subió del 45.6% en 2016 al 51.6% en 2025. Esto revela una alarmante tendencia que, al sumar ambos datos, refleja que aproximadamente el 73.9% de la población ha consumido alguna sustancia psicoactiva en su vida. A nivel nacional, 329,819 personas están bajo tratamiento por adicciones, con 71,177 reportando haber estado en tratamiento en el último año.
A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades no han implementado medidas efectivas para combatir el problema. La gestión estatal ha dejado a las familias la difícil tarea de lidiar con las adicciones de sus seres queridos, lo que supone una carga emocional y económica significativa. En 2024, se registraron 66 centros de rehabilitación en Tijuana, aunque la eficacia y validación de dichos centros son cuestionables.
La controversia actual sobre “Chikilin” se suma a un legado político donde el tema de las adicciones ha sido explotado para obtener rédito electoral, en lugar de ser abordado como una cuestión de salud pública. La investigación sobre la supuesta privación de libertad de una persona por parte de “Chikilin” añade una capa más de complejidad al asunto, ya que podría integrarse a un proceso penal con implicaciones serias.
Las autoridades ahora deben decidir cómo enfrentar la crisis de adicciones mientras persiguen las acciones legales contra "Chikilin", subrayando la necesidad de un enfoque integral en la lucha contra este flagelo que afecta a gran parte de la población.
Con información de afntijuana.info