La legislación establece penas de hasta 25 años de prisión y mecanismos para fortalecer la persecución de este delito en el Estado. El Congreso de Baja California Sur ha aprobado una nueva ley destinada a fortalecer la lucha contra la extorsión, alineándose con la legislación federal de México. La norma, que entró en vigor tras su aprobación por la XVII Legislatura, contempla sanciones de entre 15 y 25 años de prisión para quienes operen sin derecho y extorsionen a individuos o empresas con el fin de obtener beneficios o causar daños patrimoniales, morales o físicos. La legislación también establece multas sustanciales que oscilan entre 300 y 500 UMA, además de posibles incrementos en las penas en casos agravados. El impulso por crear un marco legal más robusto responde a la necesidad de proteger a comunidades vulnerables y fortalecer la coordinación entre instituciones. Entre las novedades, se encuentra la persecución oficiosa del delito, además de mecanismos especializados para su investigación, atención a víctimas y sanción efectiva. Este esfuerzo se enmarca en una tendencia nacional para combatir uno de los delitos que más impacta la economía y la seguridad social, particularmente en regiones donde la incidencia de extorsiones ha aumentado en los últimos años. La ley también contempla acciones preventivas y políticas públicas que promuevan la detección temprana y la protección de los derechos humanos en su aplicación. La aprobación se acompañó de ajustes y reservas que permiten una mayor armonización con el marco jurídico nacional, garantizando coherencia en las competencias y fortaleciendo la efectiva colaboración interinstitucional. Además, se establece un plazo para la implementación del Centro de Atención a Denuncias, herramienta clave para canalizar oportunamente a las víctimas y agilizar las investigaciones pertinentes. Este avance refleja un compromiso firme de Baja California Sur por proteger a su población y reducir la impunidad en delitos complicados c
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