La legislación establece penas de hasta 25 años de prisión y la persecución de oficio, buscando prevenir y sancionar este delito en el estado. En Baja California Sur, la XVII Legislatura ha aprobado una nueva ley que busca reforzar la prevención, investigación y sanción de delitos relacionados con la extorsión. La normativa, que armoniza con la legislación federal, establece penas de 15 a 25 años de prisión para quienes, sin derecho, obliguen a otros a realizar acciones, abstenerse o tolerar ciertos hechos en busca de beneficios económicos o para perjudicar a terceros. Además, las sanciones pueden incrementarse entre 4 y 8 años cuando corresponda. La ley define claramente los procedimientos para que las autoridades puedan actuar de oficio, fortaleciendo la coordinación interinstitucional necesaria para enfrentar un delito que impacta a comunidades, negocios y sectores productivos en la región. Este avance en el marco jurídico no solo establece los tipos penales y sus agravantes, sino que también crea mecanismos efectivos para la atención y protección de víctimas. La normativa contempla la creación de un Centro de Atención a Denuncias, que facilitará la recepción y gestión de denuncias, garantizando una respuesta rápida y eficaz. Además, se prevén acciones transversales en políticas preventivas para reducir la incidencia de la extorsión. La aprobación de esta ley responde a la necesidad de adoptar un enfoque integral y coordinado, que permita erradicar esta problemática que atenta contra la seguridad y la estabilidad social en Baja California Sur. Es importante contextualizar que la lucha contra la extorsión forma parte de un esfuerzo nacional para fortalecer el Estado de derecho y proteger a los ciudadanos frente a delitos que afectan su patrimonio y bienestar. La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y las nuevas regulaciones son pasos fundamentales para reducir los índices de este ilícito en diversas regiones del país, promoviendo un entorno más se
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