El Instituto Electoral estima tardar varios años en establecer los requisitos y formatos para el proceso, que solo aplicaría al gobernador o gobernadora en turno según la reforma aprobada en 2023.
El proceso de implementación de la revocación de mandato en Baja California enfrenta un largo plazo para su operatividad plena, con estimaciones que alcanzan hasta cinco años para desarrollar los lineamientos y formatos adecuados. La condición surge tras la aprobación en el Congreso local de una reforma que permite a los ciudadanos solicitar la remoción del mandatario estatal, aunque con restricciones específicas en cuanto a los cargos que abarca. La normativa establece que será el Instituto Estatal Electoral de Baja California el responsable de organizar, contar y emitir los resultados en un eventual proceso de revocación, que solo puede realizarse en un periodo definido dentro del tercer año del mandato. Esto significa que, incluso si la ciudadanía decide iniciar el procedimiento, el instituto solo podrá actuar dentro del plazo legal de tres meses tras el cumplimiento de los primeros tres años de gestión, con la posibilidad de que el Congreso amplíe la figura a otros cargos por medio de nuevas legislaciones. La implementación de este mecanismo requiere que el Congreso estatal defina claramente los alcances y las reglas, dado que, en caso de omisiones, la autoridad electoral solo puede emitir normativas de forma excepcional. Actualmente, existe una impugnación por parte del Partido Revolucionario Institucional, que busca ampliar la revocación a otros cargos además del gobernador, lo cual dependerá de futuras decisiones legislativas.