La fiscalía anticorrupción investiga a exalcaldesa y exdelegado por casos de presunta corrupción, en medio de operaciones mediáticas que complican las aspiraciones políticas en la región. En Baja California, el escenario político se complica ante una serie de investigaciones y filtraciones que involucran a exfuncionarios del partido Morena. La fiscalía anticorrupción ha ligado a procesos judiciales a la exalcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, y al exdelegado del Bienestar, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, por presuntos ilícitos en contratos y operaciones inmobiliarias. La fiscalía sostiene que en ambos casos existen evidencias de irregularidades que podrían terminar con sanciones graves o inhabilitaciones, poniendo en entredicho sus aspiraciones políticas futuras. El caso de Monserrat Caballero centra atención en una adquisición fallida de un sistema de armonización contable durante su gestión, por un monto superior a los 93 millones de pesos. Las acusaciones apuntan a participación de exfuncionarios en adjudicaciones directas sin estudios adecuados, en un escándalo que evidencia posibles desvíos de recursos públicos y nepotismo, con conexiones a antiguos vínculos políticos en la región. Por otro lado, Jesús Alejandro Ruiz Uribe enfrentaría un posible conflicto por la venta oculta de un terreno en Mexicali valorado en más del doble de su declaración patrimonial, además de posibles vínculos con operadores de proyectos polémicos como la planta desaladora impulsada por exgobernadores. Estos hechos, sumados a la aparente manipulación de información patrimonial, alimentan las sospechas de enriquecimiento ilícito y entramados políticos económicos. Estas revelaciones se dan en un contexto donde las operaciones mediáticas, promovidas presuntamente desde sectores ligados a Bonilla y sus aliados, buscan desgastar a la actual administración y a las figuras del morenismo en Baja California. La estrategia apunta a influir en la selección de candidaturas para las elecciones de 20
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