Tijuana, Baja California. - La propuesta de ley impulsada por la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco A.C., presentada por la diputada Evelyn Sánchez, avanza en el Congreso del Estado para castigar la omisión de cuidados a menores y personas con discapacidad con penas de prisión de hasta tres años.
Datos clave
- Quién: Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco y diputada Evelyn Sánchez
- Qué: Iniciativa para penalizar la omisión de cuidados
- Dónde: Congreso del Estado de Baja California
- Cuándo: Presentada formalmente en el actual periodo legislativo
La propuesta surge con el objetivo de cerrar un vacío legal que actualmente permite sanciones solo cuando se ha producido daño o lesión. Estefanía Campos García, presidenta de la Barra, enfatizó que se busca sancionar la omisión en sí misma. Esto se debe a que es común que padres de familia, autoridades o cuidadores incumplan con sus responsabilidades, lo que puede tener consecuencias graves.
La iniciativa establece penas de seis meses a tres años de prisión para quienes no cumplan con su deber de proteger y cuidar a quienes están bajo su responsabilidad. Las sanciones podrían incrementarse hasta en un 50% si el infractor es un servidor público, si se han incumplido normas de protección civil o si la omisión es reiterada.
¿Por qué es necesaria esta iniciativa?
La preocupación por la protección de los derechos de niños, adolescentes y personas con discapacidad motiva esta medida legislativa. Campos García explicó que la necesidad de esta iniciativa se ha visibilizado a través del trabajo de las abogadas en la revisión de casos en juzgados familiares y el contacto con víctimas. La falta de regulación adecuada puede derivar en situaciones de riesgo que podrían evitarse.
¿Qué sigue para la propuesta?
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso, donde será analizada y dictaminada antes de pasar a su discusión en el Pleno. Kymberly Serra, secretaria técnica de la diputada, informó que este proceso es crucial para asegurar que la propuesta reciba la atención necesaria y se convierta en ley.
Este avance en el Congreso tiene el potencial de fortalecer el marco jurídico en Baja California para prevenir negligencias y proteger a las poblaciones más vulnerables.
Con información de el-mexicano.com.mx