El coordinador de senadores morenistas considera que avanzar en el proceso beneficiaría a Alejandro Moreno, quien buscaría consolidar una narrativa de persecutión política.
La situación interna en la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) refleja un debate estratégico respecto a la posible apertura del desafuero contra el político del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito. La postura de que no es conveniente avanzar en el proceso se basa en la percepción de que dicha acción podría significar una victoria política para Moreno, quien podría aprovechar la circunstancia para posicionarse como víctima de persecución. La historia reciente revela tensiones previas, incluyendo acusaciones serias que algunos ven como intentos de dañar su imagen política, además de desencuentros con figuras del oficialismo.
El liderazgo en el Senado, representado por Adán Augusto López Hernández, ha expresado que avanzar sin una evidencia sólida y sin una evaluación adecuada solo fortalecería la percepción de persecución y disminuiría la credibilidad del proceso. Como parte de esa postura, integrantes de la bancada, como el senador Ignacio Mier, señalaron que aún no hay los votos necesarios para impulsar el desafuero, haciendo énfasis en que las investigaciones y dictámenes médicos deben ser priorizados antes de tomar decisiones definitivas.
Analistas políticos consideran que el conflicto en torno a Moreno refleja una estrategia de manejo interno del poder, donde los enfrentamientos y las alianzas fluctuantes generan escenarios de incertidumbre. La disputa también pone en evidencia las relaciones tensas dentro del partido y la tensión por definir quién tiene el control de los procedimientos políticos en momentos de crisis.
El trasfondo del enfrentamiento también radica en rivalidades y acusaciones de corrupción, que han marcado la carrera de Moreno. Sin embargo, su narrativa de persecución podría fortalecerse si el desafuero no se lleva a cabo, lo que consolida la percepción de un escenario político donde las acciones judiciales se usan como herramientas de disputa. La decisión final, todavía en discusión, tendrá impactos en cómo se percibe la autonomía del Poder Judicial y la independencia de las instituciones en México.