El incremento en precios de combustibles como combustóleo y diésel afectó el costo de generación eléctrica, pero sus gastos fueron subsidiados con dinero del erario público, asegurando tarifas estables para los usuarios.
En 2024, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrentó aumentos sustanciales en los precios de combustibles utilizados para generar energía, como el combustóleo y el diésel. Aunque estos incrementos no se reflejaron directamente en los recibos de luz de los consumidores, la diferencia en costos fue absorbida con recursos públicos, mediante subsidios financiados por la Secretaría de Hacienda. Esto permitió mantener tarifas eléctricas estables, evitando que los consumidores soportaran el impacto de los sobrecostos.
El valor del combustóleo, que normalmente se calcula en torno a 5.5 dólares por millón de BTU, alcanzó los 13.73 dólares, lo que representa un aumento del 150%. Por su parte, el diésel subió de un costo previsto de 33.3 dólares a 36.52 dólares por millón de BTU, una variación del 10%. Estos incrementos llevaron a que la generación eléctrica total alcanzara 146.2 teravatios-hora durante el año, con un gasto operativo mayor al estimado inicialmente, lo que evidencia la presión financiera sobre la empresa estatal.
Especialistas en el sector energético señalan que, en circunstancias donde el gas natural no puede llegar a las centrales debido a deficiencias en la infraestructura, la CFE recurre a combustibles alternativos, como diésel y combustóleo. Estas opciones, aunque garantizan la continuidad del servicio, incrementan tanto los costos como las emisiones contaminantes. La dependencia de estos combustibles es más marcada en zonas aisladas, donde los costos logísticos elevan aún más los gastos.
Este modelo de operación también refleja la vulnerabilidad de regiones alejadas de la red de gasoductos, que deben recurrir a soluciones menos eficientes y más contaminantes. La estrategia de sostener tarifas bajas a través de subsidios implica que los recursos públicos asumen estos sobrecostos, afectando las finanzas públicas y el presupuesto nacional, además de ampliar los desafíos ambientales del país.
En conclusión, la situación revela la complejidad del sistema energético mexicano, donde decisiones para garantizar la seguridad del suministro impactan en el gasto público y en la economía del sector.