Salinas Pliego asegura que las autoridades fiscales le exigen cantidades exorbitantes que equivalen a cinco años de utilidades, en un contexto de tensión con el SAT y críticas al régimen actual.
En un contexto de enfrentamiento con las autoridades fiscales mexicanas, el empresario Ricardo Salinas Pliego ha afirmado que las demandas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) buscan dificultar su operación mediante la imposición de cantidades que equivalen a cinco años de utilidades netas. Salinas Pliego, quien lidera Grupo Salinas, ha expresado su intención de pagar los impuestos correspondientes, pero denuncia que está siendo presionado con montos que considera desproporcionados y que responden a una estrategia de presión para silenciar su voz crítica sobre el régimen actual.
Este empresario ha señalado que, aunque cumple con sus obligaciones fiscales, las cantidades reclamadas por el SAT superan con creces lo que resulta justo según sus ingresos. Además, ha denunciado un supuesto incumplimiento de acuerdos previos con el gobierno, y ha denunciado que la autoridad tributaria ha extorsionado a otras corporaciones, incluyendo a Walmart y Femsa, mediante amenazas y presiones legales. En este contexto, ha señalado que estas acciones forman parte de un intento por limitar su influencia y silenciar su postura pública.
Es relevante destacar que Salinas Pliego también ha comparado las cantidades que reclaman en su caso con los recursos destinados a proyectos insignia del gobierno, como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, los cuales suman miles de millones en inversión pública, sugiriendo que la lucha fiscal responde a un distractor por parte del régimen para ocultar problemas de corrupción e ineficiencia. La situación refleja las tensiones entre grandes empresarios y el gobierno, y pone en el centro las controversias sobre la justicia y la equidad fiscal en México.
Este enfrentamiento se inserta en un escenario donde muchas voces critican la política fiscal del gobierno, considerándola como una forma de extorsión y control, además de una forma de limitar la oposición y el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito empresarial.