El sector empresarial de la región expresa preocupación por las nuevas obligaciones y sanciones que entrarán en vigor en enero de 2026, afectando importadores y exportadores.
La proxima entrada en vigor de modificaciones a la Ley Aduanera en México ha generado inquietud en el sector empresarial de Quintana Roo, ante las nuevas exigencias que endurecerán las operaciones de importación y exportación. Estas reformas, que entrarán en vigor en enero de 2026, aumentan la severidad de las sanciones y establecen medidas que pueden afectar la continuidad de las actividades comerciales en la región. Actualmente, muchas empresas enfrentan auditorías que terminan en sanciones, lo que revela la necesidad de fortalecer sus sistemas internos y controles para cumplir con las nuevas obligaciones gubernamentales. Entre las principales modificaciones destacan multas que van desde varios miles hasta millones de pesos, con la posibilidad de aplicar sanciones sin previo aviso, incluyendo la cancelación de padrones y permisos, así como la retención de mercancías en puerto, generando costos adicionales significativos. Además, los importadores y exportadores deberán comunicar datos directamente a las autoridades, enfrentando riesgos como el embargo de mercancías y procesos administrativos más complejos si no cumplen con estos requisitos. Otro cambio polémico es que las patentes de agentes aduanales, que antes tenían vigencia vitalicia, ahora solo serán válidas por 10 años, sujetas a renovaciones y revisiones periódicas, lo que genera incertidumbre en el sector por la elevada inversión que implica mantener estos permisos. La actualización legal busca reducir la evasión y fortalecer la transparencia en las operaciones comerciales, pero también representa un reto importante para las empresas, que deberán ajustar sus sistemas y procesos para evitar sanciones y mantener su operatividad a largo plazo.
