La Cámara Minera de México advierte que el artículo 118 limita severamente las operaciones mineras en diversas regiones, afectando economía y empleo.
La industria minera en México ha levantado alarmas ante la posible afectación de sus operaciones debido a cambios en la Ley de Aguas Nacionales, específicamente en el artículo 118, que muchos consideran una prohibición casi total para la construcción de instalaciones mineras en amplias zonas del país. La modificación, que busca armonizarse con las normas ambientales y reducir la contaminación, ha sido interpretada por el sector como un obstáculo para su desarrollo.
Expertos en minería destacan que los residuos generados por las actividades minerales son manejados bajo estrictas regulaciones mexicanas e internacionales, utilizando infraestructura especializada para garantizar la seguridad y protección ambiental. La gestión de estos residuos mediante depósitos controlados no implica vertidos en cuerpos de agua, sino una operación regulada y supervisada por las autoridades competentes, garantizando la protección de los recursos hídricos.
Sin embargo, la Cámara Minera de México señala que la redacción actual del artículo 118 limita la autorización para establecer nuevas instalaciones, especialmente en regiones montañosas, lo que pone en riesgo la continuidad del sector. La actividad minera, además de ser una fuente significativa de empleo, contribuye de manera importante a la economía nacional y a la seguridad de la cadena de suministro de minerales esenciales para sectores estratégicos.
Dado el territorio complejo de México, con muchas zonas que presentan desafíos geográficos y ambientales, la industria pide claridad y flexibilidad en las regulaciones. La dependencia excesiva en importaciones puede intensificar si las condiciones prohibitivas persisten, advirtiendo además que la minería responsable fomenta el desarrollo sustentable sin comprometer los recursos naturales ni la salud pública.
La industria manifestó su disposición a colaborar con el gobierno para crear un marco regulatorio eficaz, que asegure la sostenibilidad y el progreso del sector, resaltando la relevancia del mineral en la seguridad económica y en la competitividad de Norteamérica.