Las recientes reformas fiscales modifican el cálculo del safe harbor, afectando principalmente a las maquiladoras con altos activos, y exigen nuevas estrategias para cumplir con la ley.
A partir del 1 de enero de 2022, las empresas maquiladoras mexicanas enfrentan una serie de cambios regulatorios que impactarán sus cálculos fiscales en el ejercicio 2025, fecha que marca el fin de un período de transición. Estas reformas eliminan la posibilidad de solicitar acuerdos anticipados de precios (APA), un mecanismo que permitía determinar la utilidad fiscal con mayor flexibilidad. Como resultado, las maquiladoras intensivas en activos fijos verán incrementadas sus obligaciones fiscales, ya que la utilidad mínima para efectos del impuesto sobre la renta (ISR) se ajustará en función de la proporción de activos respecto a los costos y gastos operativos. La subida en la utilidad fiscal impacta también en conceptos como la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU), generando posibles aumentos en las obligaciones tributarias en un contexto donde la industria enfrenta además presiones por costos crecientes y competencia global. Expertos recomiendan optimizar el uso del cálculo del safe harbor, asegurando la razonabilidad en las valoraciones de maquinaria y materia prima, para mitigar efectos financieros adversos. La situación actual requiere que las empresas evalúen estrategias de ajuste que permitan cumplir con la ley sin comprometer su competitividad, en un entorno fiscal que evidencia una tendencia recaudatoria más que de promoción económica.