La propuesta establece límites a las cuotas en pagos con tarjeta para favorecer a comercios y consumidores, pero genera debate sobre impacto en inclusión financiera.
Un proyecto de reforma busca establecer un tope del 0.3% para las comisiones en pagos con tarjetas de débito y del 0.6% en pagos con crédito, en contraste con los niveles actuales que en promedio alcanzan el 0.45% y el 1.35%, respectivamente. Esta iniciativa tiene como principal objetivo reducir los costos para los comercios, especialmente aquellos con operaciones de alto volumen y márgenes bajos, tales como supermercados y tiendas de conveniencia, quienes podrían ahorrar aproximadamente 1,600 millones de dólares al año. Este ahorro podría traducirse en un incremento de alrededor del 10% en la rentabilidad de estos negocios, beneficiando también a los consumidores al ampliar la aceptación de pagos digitales y disminuir el uso del efectivo.
No obstante, la propuesta ha generado contrapuntos. Instituciones financieras de gran tamaño reconocen que reducir las comisiones podría afectar la inversión en seguridad y en la emisión de tarjetas, con un posible impacto en la inclusión financiera, al centrarse en clientes de mayores ingresos. Además, fintechs y nuevos actores en el mercado temen una disminución en sus ingresos, lo que podría poner en riesgo su operación y supervivencia en un entorno donde muchas aún no alcanzan la rentabilidad.
Por su parte, los defensores del cambio argumentan que los pequeños comerciantes subsidian, a través de las comisiones, programas de lealtad bancarios y otros servicios, y que bajar los costos implicaría una mayor adopción de pagos digitales, beneficiando a toda la economía. La reforma también busca fortalecer la interoperabilidad entre redes de pago y aumentar la supervisión de tarifas por parte de la autoridad financiera, con la intención de promover mayor competencia y transparencia en el mercado.
Este escenario refleja la tensión entre la protección a consumidores y comercios y el riesgo de afectar la estabilidad del sistema financiero y la inclusión. La regulación debe equilibrar estos factores para lograr una transformación que favorezca a todos los actores involucrados.