El proceso para actualizar el sistema de telepeaje en carreteras presenta indicios de corrupción, favoritismos y desafíos en la administración actual, generando dudas sobre la transparencia en Capufe.
Un proceso de licitación destinado a mejorar la eficiencia del sistema de telepeaje en varias autopistas mexicanas ha evidenciado posibles irregularidades que han generado inquietudes en el sector. La adjudicación, que contemplaba 18 partidas para modernizar el cobro en carreteras gestionadas por Capufe, solo aprobó 11 y dejó 7 desiertas, en medio de reclamaciones por parte de varias empresas. Empresas multinacionales reconocidas por su experiencia en sistemas de pago electrónico, como Kapsch y Hitachi, fueron descalificadas, mientras que una firma local, inicialmente dedicada a servicios de papelería, resultó favorecida, ofertando precios que superaban en más de 300% a los de otros competidores.
Este caso remite a antecedentes de contratos favorables durante gobiernos anteriores y actuales, en los que empresas con poca experiencia en telepeaje lograron acceder a contratos millonarios. La firma beneficiada, que participa en distintas licitaciones desde tiempos recientes, mantiene presencia en la administración de Claudia Sheinbaum, lo que alimenta la percepción de continuidad en ciertas prácticas.
Las denuncias por posibles delitos de fraude y abuso de autoridad no se limitaron a las irregularidades en la selección, sino que también involucraron testimonios sobre procedimientos con pruebas incompletas, uso de software no autorizado y falta de transparencia en la supervisión, lo que llevó a la salida de varios funcionarios encargados del proyecto en Capufe. Aunque las investigaciones internas reportan avances, la incertidumbre persiste respecto a la consecución de una transición ordenada para la implementación del sistema de tags obligatorio en 2026, con el objetivo de reducir pérdidas millonarias por pagos en efectivo.
Este episodio subraya los retos que enfrenta la actual administración en reformar procesos que, en varias ocasiones, han sido cuestionados por su transparencia, y pone en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión para garantizar licitaciones justas y confiables en infraestructura vial.