Expertos alertan que un impuesto al consumo de videojuegos violentos podría aumentar la piratería y dañar un mercado que busca consolidarse internacionalmente.
La propuesta de aplicar un impuesto del 8% a los videojuegos violentos en México ha generado rechazo entre profesionales del sector, quienes consideran que esta medida afectaría negativamente a una industria en expansión. La iniciativa, presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, busca recaudar fondos para el país, pero expertos en videojuegos argumentan que elevar los precios impulsaría la compra de productos ilícitos y fortalecería el mercado negro del sector. La industria mexicana, que actualmente moviliza millones de dólares anuales y posiciona al país en el décimo lugar a nivel mundial en consumo, enfrenta desafíos para consolidarse como un referente regional. Además, críticos señalan que los videojuegos son una forma legítima de expresión cultural y una herramienta educativa, no una fuente de violencia, y advierten que las políticas fiscales deben apoyar su desarrollo en lugar de restringirlo. La comunidad gamer y desarrolladores coinciden en que medidas de este tipo podrían frenar el crecimiento y la innovación tecnológica en el país, además de limitar las opciones de entretenimiento seguro para la población infantil y juvenil.