La falta de gestión y resistencia política impiden avanzar en la venta de empresas estatales clave en Argentina
El Gobierno de Argentina enfrenta un estancamiento en su proceso de privatización de empresas estatales, sin haber logrado vender ninguna de las grandes compañías en casi dos años de gestión. La única operación concreta ha sido la venta parcial de la empresa mendocina Impsa, por la cual no recibirá ingresos, ya que los fondos prometidos se destinan a reducir deuda y capitalizar la firma fundada por Pescarmona.
El responsable de la gestión de privatizaciones, Diego Chaher, responde a Santiago Caputo, quien administra todas las empresas públicas del Estado. Sin embargo, el ministro Toto Caputo, encargado del área energética, también ha fracasado en la venta de activos, como las acciones en Transener, la transportadora de electricidad que transporta más del 80% de la energía en Argentina.
Fuentes oficiales y analistas coinciden en que la resistencia a privatizar se debe a la percepción del manejo de recursos, los altos salarios, personal de apoyo y publicidad estatal, que generan desinterés en los posibles inversores. Además, la gestión deficiente, la falta de coordinación política y la incapacidad para navegar intereses cruzados obstaculizan el proceso.
Diversos proyectos emblemáticos permanecen estancados. La licitación de la Ruta de Mercosur, que cruza Entre Ríos, ha sido cancelada, reactivada, retocada y suspendida varias veces por internas en Vialidad Nacional, falta de aval político y resistencia en el Congreso, dejando el proceso en un limbo legal y administrativo.
En el sector energético, Transener sigue sin una definición clara para su privatización. La Secretaría de Energía pidió ocho meses más para avanzar, pero no hay un precio ni un modelo definido. La venta de acciones en Aysa también enfrenta obstáculos, luego de que Mekorot, la empresa estatal israelí de agua, se distanciara de la operación y aclarara que no puede adquirir activos en el extranjero.
Por otra parte, la concesión de las represas en el Comahue se ha prorrogado varias veces por la falta de acuerdo con los gobernadores patagónicos, quienes advierten sobre la dificultad para valorar los activos y la ausencia de una estrategia clara. La falta de avances también afecta a empresas como Intercargo y Belgrano Cargas, que continúan sin licitaciones o planes concretos de venta.
Los medios públicos, incluyendo Canal 7 y Radio Nacional, mantienen una gestión que no ha logrado avanzar en la venta de terrenos o activos, pese a los anuncios iniciales. La venta de Cine.ar, un canal dedicado al cine argentino, fue anunciada pero sin impacto fiscal tangible.
El fracaso en la venta de las pilas de almacenamiento de energía, licitadas y abandonadas varias veces por la Secretaría de Energía, refleja la incapacidad del Estado para completar procesos complejos. La situación recuerda a las privatizaciones de los años 90, que lograron vender casi todo y recaudaron miles de millones de dólares, mientras que hoy, las estimaciones indican que solo se podrían obtener unos mil millones, cifra que parece inalcanzable en el contexto actual.
Este escenario evidencia las dificultades para realizar privatizaciones en Argentina, donde la falta de gestión efectiva y la resistencia política frenan la venta de activos estratégicos, con un impacto directo en la política económica del país.