La evasión fiscal por facturación falsa ha tenido un impacto económico que supera los 54 mil millones de pesos en los últimos años, evidenciando un problema estructural en el sistema tributario mexicano.
En los últimos años, las empresas dedicadas a emitir comprobantes fiscales por servicios o productos que nunca se entregaron han representado una de las principales fuentes de evasión en el sistema tributario de México. Los registros oficiales indican que, desde 2022, estas compañías han generado una pérdida aproximada de 54 mil 700 millones de pesos respecto a impuestos no pagados, situación que ha motivado la presentación de múltiples denuncias ante las autoridades fiscales.
Durante un proceso de revisión exhaustiva, se ha determinado que en 2022 la evasión alcanzó los 17 mil millones de pesos, cantidad que aumentó a más de 21 mil millones en 2023. Aunque en 2024 se observó una disminución a 10 mil millones, actualmente las cifras en lo que va de 2025 ya suman alrededor de 5 mil 600 millones de pesos en fraudes denunciados. La incidencia del fenómeno en el país se estima que podría llegar a afectar hasta 1.41 billones de pesos desde 2019, según análisis de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado más de 8 mil empresas que operan de manera clandestina y que generan cerca de 8.8 millones de facturas falsas, evidenciando la magnitud de la problemática. Este tipo de prácticas no solo generan un perjuicio económico para el Estado, sino que también distorsionan la competencia en diversos sectores económicos. La lucha contra las factureras continúa siendo una prioridad en la agenda fiscal mexicana, ante la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización.