La normativa laboral que protege a empleados de pie enfrenta resistencia en empresas privadas, que intentan sortearla con prácticas ilegales y explotación laboral.
En el contexto actual, varias compañías en el sector privado están buscando maneras de evitar cumplir con la Ley Silla, normativa que busca reducir los riesgos para trabajadores que permanecen de pie durante largas jornadas. La ley, vigente desde julio de 2025, establece medidas para proteger la salud de empleados en actividades estáticas o prolongadas, principalmente en tiendas, centros de atención y sectores industriales.
A pesar de su obligatoriedad, numerosos empleadores recurren a prácticas ilícitas, como recolectar firmas de sus trabajadores bajo engaños o incluso manipular documentos con firmas falsas. Estos métodos buscan aparentar el cumplimiento normativo antes de que termine el plazo para presentar evidencias ante las autoridades laborales, quienes revisarán el cumplimiento. Sin embargo, estas acciones vulneran derechos laborales básicos y pueden tener graves repercusiones en la salud de los empleados, quienes enfrentan dolores, fatiga y problemas circulatorios derivados de largas horas en posición vertical.
Diversos testimonios revelan que muchas trabajadoras y trabajadores de cadenas como Walmart enfrentan presiones para mantenerse de pie en las cajas, incluso cuando existen períodos de inactividad que podrían facilitar el descanso con el uso de sillas. La presión por parte del empleador para no usar estos recursos, además de la falta de supervisión efectiva, perpetúa un ambiente laboral insalubre, especialmente para mujeres en situaciones de vulnerabilidad. La evidencia médica advierte que la exposición excesiva a estar de pie puede derivar en problemas musculoesqueléticos y otras complicaciones de salud a largo plazo.
Desde la implementación de la Ley Silla, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha establecido medidas específicas para supervisar el cumplimiento, incluyendo sanciones para quienes incumplan. Sin embargo, la falta de recursos adecuados y la actitud omisa de algunos empleadores generan un escenario donde la ley corre el riesgo de ser solo un papel, dejando en desventaja a los trabajadores. La denuncia anónima y la vigilancia activa son herramientas esenciales para hacer respetar estos derechos y evitar que las empresas continúen evadiendo sus obligaciones mediante artimañas ilegales.
Por otro lado, iniciativas como el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales buscan fortalecer la protección de los empleados, permitiendo denunciar abusos y mejorar la fiscalización en los centros laborales. A pesar de que en pocos meses se han recibido miles de reportes, aún se enfrentan desafíos para garantizar la efectividad de estas plataformas y la aplicación de sanciones que verdaderamente cambien la realidad laboral en el país.