La decisión judicial afecta a multinacionales y maquiladoras que enfrentan posibles devoluciones millonarias por IVA, redefiniendo reglas clave del programa IMMEX.
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha puesto en jaque la estabilidad fiscal de varias compañías en México, especialmente las vinculadas al programa IMMEX. La decisión afecta a empresas como Samsung Electronics México, que enfrenta una reclamación de más de 6,700 millones de pesos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionado con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) no retenido en operaciones realizadas entre 2019 y 2023.
Además, ocho maquiladoras exigen la devolución de aproximadamente 46,000 millones de pesos por el mismo concepto, sustentándose en una interpretación actualizada del esquema IMMEX. La diferencia radica en que la nueva postura fiscal considera que toda mercancía en territorio mexicano, aunque sea producto de operaciones documentadas entre empresas del programa, debe sujetarse al pago de IVA. Esto coloca en duda la legalidad de procedimientos habituales y genera un riesgo de doble tributación, afectando la competitividad y la sostenibilidad de las industrias exportadoras mexicanas.
Este conflicto legal tiene antecedentes en distintas decisiones judiciales previas, donde tribunales han emitido fallos contradictorios respecto a la validez de estas operaciones. La SCJN, al atraer el caso, busca resolver esta discrepancia y ofrecer una interpretación definitiva sobre la aplicación del IVA en operaciones de empresas IMMEX, una figura diseñada para facilitar la importación temporal de insumos con beneficios fiscales, siempre y cuando los productos se exporten.
El análisis de expertos en derecho fiscal y empresarial señala que estas decisiones judiciales adquieren especial relevancia debido a su potencial impacto en la economía mexicana. La postura del sector empresarial ha sido de preocupación, advirtiendo que una aplicación restrictiva podría penalizar la participación en programas de exportación, lo cual sería perjudicial para la recuperación económica post-pandemia. La postura del gobierno, por su parte, apunta a combatir prácticas que considerarían evasión fiscal y uso abusivo de los beneficios del esquema IMMEX.
Este escenario se enmarca en un contexto general donde el Poder Judicial busca mantener independencia en sus decisiones frente a las distintas posiciones del fisco y los intereses económicos del país. Hasta septiembre de 2025, el SAT ha obtenido resultados contundentes en juicios fiscales, con más de 6,500 victorias en contra de contribuyentes por montos millonarios, consolidando un sólido historial en litigios que podría afectar tanto a grandes corporaciones como a pequeñas y medianas empresas mexicanas que participan en programas de exportación.
La resolución de la SCJN llegará en un momento de gran interés para la economía nacional, ya que definirá si las reglas del juego en el esquema IMMEX continúan siendo interpretadas de forma flexible o si se impondrán nuevos límites para las operaciones de importación y exportación en el país.
En un contexto internacional, México mantiene un proceso constante de adaptación a las regulaciones fiscales globales y a las recomendaciones de organizaciones como la OCDE, con el objetivo de evitar prácticas que puedan ser percibidas como evasivas y fortalecer la transparencia fiscal. La decisión de la Suprema Corte podría marcar un precedente en la interpretación del marco tributario, influyendo en las políticas futuras y en la manera en que las empresas mexicanas gestionan sus procesos de importación y exportación.