La reforma aprobada en México eleva impuestos a productos asiáticos, principalmente de China, proyectando una mayor recaudación fiscal para 2026.
La Cámara de Diputados y el Senado de México aprobaron recientemente una modificación legal impulsada por la Presidencia para aplicar nuevas medidas arancelarias a diversas importaciones. La iniciativa, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor, establece una estructura de cuotas con tasas de hasta el 50% en productos provenientes principalmente de China, incluyendo textiles, hierro, acero, automóviles y plásticos.
Este cambio forma parte del Paquete Económico 2026 y apunta a incrementar la recaudación por impuestos al comercio exterior a 254,757 millones de pesos, un aumento del 62% en comparación con 2025, cuando los ingresos llegaron a 141,608 millones de pesos. La mayor parte de las fracciones arancelarias afectadas corresponden a la industria textil, sector que tradicionalmente ha sido muy impactado por la competencia extranjera.
Este incremento en los aranceles refleja una estrategia para fortalecer la economía nacional frente a la creciente competencia internacional, especialmente de Asia, y busca equilibrar la balanza comercial. Sin embargo, la mayoría de los cambios en la reforma arancelaria fue modificada durante el proceso legislativo, reduciendo en un 28% las tasas inicialmente propuestas a cerca de un millar de productos, incluyendo textiles de lana.
Contextualmente, la recaudación por importaciones en 2025 ya mostró un crecimiento del 21% en comparación con el año anterior, lo que indica una tendencia en aumento en los ingresos fiscales provenientes del comercio exterior. La implementación de estas nuevas tarifas puede tener un impacto significativo en las cadenas de suministro y en los precios de los productos importados en México, influyendo en la economía y en el consumidor final.
Este tipo de medidas forman parte de una estrategia más amplia para proteger las industrias nacionales y diversificar las fuentes de ingreso fiscal, en un contexto de desafíos económicos globales y regionales. La decisión también responde a la necesidad de fortalecer las finanzas públicas en medio de un panorama cambiante en el comercio internacional.
