Las pruebas de control y confianza propuestas para los candidatos de las elecciones de 2027 enfrentan críticas severas. Francisco Salazar Soni, experto en seguridad, afirmó que estas evaluaciones carecen de sustento para medir la confianza, subrayando que la eficacia de un político se determina por sus acciones y no por sus palabras.
Salazar Soni señaló que, a lo largo de 26 años, no se ha desarrollado un perfil adecuado para los cuerpos policiacos, a quienes originalmente estaba destinada la aplicación de estas pruebas. Además, enfatizó que no existe una base legal que obligue a los civiles a someterse a ellas, ya que la constitución solo las aplica a ministerios públicos y elementos de seguridad.
Históricamente, las pruebas no se diseñaron para garantizar perfiles óptimos, sino que buscaban obtener información a través de exámenes médicos, psicológicos e investigaciones socioeconómicas. La implementación de estas evaluaciones es poco práctica y costosa; realizar un examen de confianza y una prueba toxicológica puede costar hasta 8 mil pesos por persona, y el proceso para evaluar a un solo candidato puede extenderse hasta tres meses.
En elecciones pasadas, hasta 6 mil candidatos han buscado diferentes cargos en San Luis Potosí, lo que hace que la realización de estas pruebas en un lapso reducido sea inviable e incluso inconstitucional. El experto sugirió que en lugar de imponer estas pruebas, los partidos políticos deberían establecer sus propios filtros y controles para elegir a sus candidatos, así como certificar la integridad de sus instituciones.
El enfoque en la certificación de las instituciones podría prevenir la corrupción dentro de los procesos electorales, asegurando un ambiente de confianza tanto para los votantes como para los candidatos.
Con información de globalmedia.mx