La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha acordado revisar la posible creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala, una medida que la Fiscalía General de la República (FGR) califica como un atentado al debido proceso. Ocho de los ministros han votado a favor de atraer el caso propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, excluyendo a la Ministra Sara Irene Herrerías, quien se declinó de participar.
Datos clave
- Quién: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Qué: Revisión de la posible creación de una Comisión de Investigación.
- Dónde: México.
- Cuándo: Acuerdo tomado recientemente en sesión de la Corte.
El caso en cuestión se deriva de un amparo concedido en 2018 por el Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que ordenó la formación de una comisión especial para investigar la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa en 2014. Esta resolución otorga a las víctimas y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la responsabilidad de definir las líneas de investigación.
Recientemente, el Tribunal le solicitó a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, y a los padres de las víctimas que designen representantes ante la nueva comisión. Sin embargo, la FGR ha argumentado que designar agentes del Ministerio Público para formar parte de esta comisión vulneraría principios legales fundamentales y podría atentar contra el derecho al debido proceso.
¿Qué significaría la creación de esta comisión?
La FGR advirtió que permitir la intervención de órganos ajenos en la investigación podría perjudicar tanto el avance de las indagatorias como la seguridad de las víctimas. Los representantes de la FGR sostienen que esto representaría una violación a las funciones constitucionales que rigen el ejercicio de la acción penal, que corresponde exclusivamente al Ministerio Público.
¿Cuál es el próximo paso en el proceso?
Una vez que la SCJN atraiga el caso, se asignará a un ministro o ministra que presentará un proyecto de resolución. La Corte también tiene pendientes otros recursos relacionados con el caso, incluyendo uno que evalúa la posibilidad de revocar la libertad de un militar implicado en las desapariciones.
La resolución de este asunto es crítica para el avance de la justicia en el caso Ayotzinapa y el reconocimiento de derechos para las víctimas directas e indirectas de este trágico evento.
Con información de vanguardia.com.mx