Casi nueve años después de que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, compareciera ante la Diputación de Badajoz, él y diez coacusados inician un juicio por tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Este juicio, con gran cobertura mediática, se espera que termine el 4 de junio, aunque podría extenderse.
El tribunal tiene que determinar si en 2016 se creó un puesto de coordinador de conservatorios para darle trabajo a David Sánchez. Se investiga si el proceso de selección, que incluyó a otros diez candidatos, fue una fachada para legalizar un nombramiento que ya estaba decidido para él en 2017. Además, se examina si se modificó de manera irregular el cargo para cumplir con las exigencias del acusado.
Los fiscales, que no presentarán acusaciones, consideran que el caso se basa en suposiciones y no en pruebas contundentes. Los defensores argumentan que este proceso es una persecución política impulsada por la organización Manos Limpias y varios partidos de la oposición, quienes buscan socavar la imagen del presidente Pedro Sánchez.
David es el primer familiar directo de un presidente que enfrenta un juicio de esta magnitud. Su esposa, Begoña Gómez, está bajo investigación por delitos relacionados, y el juicio de David coincidía inicialmente con el testimonio del expresidente Rodríguez Zapatero, que fue aplazado a junio. Este caso se suma a otros procedimientos que han puesto a Moncloa bajo escrutinio, como el 'caso mascarillas'.
Entre los acusados se encuentran figuras clave, como Miguel Ángel Gallardo, exsecretario del PSOE en Extremadura. Las penas solicitadas para David Sánchez y Gallardo incluyen tres años de prisión y años de inhabilitación, además de la devolución de más de 340,000 euros que se le pagaron. Los otros cargos y funcionarios también enfrentan sanciones similares, lo que pone de relieve la gravedad de la situación.
Con información de elperiodicoextremadura.com