Juez critica acuerdo de Colony Ridge y rechaza supervisión

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Assistant Attorney General Harmeet Dhillon voluntarily dismissed the case against Colony Ridge with prejudice and signed an out-of-court agreement / Foto: Especial

Houston, Texas. – Un juez federal desestimó una demanda civil contra el desarrollador de terrenos Colony Ridge, después de que el Departamento de Justicia alcanzara un acuerdo de 68 millones de dólares, al cual el juez cuestionó fuertemente. La decisión generó preocupación sobre la falta de compensación a los compradores hispanos afectados.

El acuerdo establecido por el Departamento de Justicia no previó ningún alivio para los prestatarios que supuestamente fueron dirigidos a préstamos de alto costo para comprar terrenos inundables. En cambio, el acuerdo destina 48 millones de dólares a mejoras de infraestructura y 20 millones de dólares a la ley y orden, lo que ha suscitado críticas sobre su eficacia en la protección de los derechos de los consumidores.

El juez Alfred H. Bennett expresó que le resulta difícil reconciliar la aprobación del acuerdo por parte del Departamento de Justicia con los objetivos de la Ley de Vivienda Justa y la Ley de Igualdad de Oportunidad de Crédito, que busca prevenir la discriminación. Bennett se preguntó en una audiencia previa por qué no se ofreció compensación a las víctimas, que enfrentan condiciones financieras adversas producto de préstamos depredadores.

La demanda original, presentada por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en 2023, alega que Colony Ridge apuntó a prestatarios hispanos, presentando ofertas engañosas en español para lograr ventas. Se argumenta que los préstamos ofrecidos tenían tasas de interés de hasta el 13%, lo que conllevó a numerosos prestatarios a la morosidad y ejecución hipotecaria.

Bennett instó a que las soluciones deberían alinearse con los daños sufridos por los consumidores, advirtiendo que el acuerdo no aborda adecuadamente las reclamaciones presentadas en la demanda. La falta de supervisión judicial en la implementación del acuerdo plantea preocupaciones adicionales sobre el futuro de los afectados.

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